Efectos del cambio: más ciudadanos luchando por llegar a fin de mes.

Esta semana parece que las supuestas “estafas” no paran, pues ahora están los estafadores de cuello blanco del Fondo Premium¹, dos emisarios de la fiscal Alejandra Ladino, cabeza del grupo que investiga delitos contra el sistema financiero. Donde llegaron este miércoles a la oficina del liquidador del Fondo Premium, esta vez no iban por evidencia en contra de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, confesos estafadores que captaron ilegalmente 320.000 millones de pesos a 1.092 inversionistas.

De hecho, para la defensa de algunas víctimas, es claro que se trata de un intento por desviar la atención y justificar el principio de oportunidad que Ortiz y Jaramillo andan buscando para que no los procesen por captación ilegal, ya que solo se está pidiendo información a la Superintendencia de sociedades para la liquidación de esta institución mas no sé investigando por esta millonaria suma de dinero en cuentas privadas, que vincularon a Jaramillo y Ortiz.
Además, dijo que la liquidación del fondo arrancó en febrero del 2015, mientras se reconocían las víctimas y se buscaba una devolución voluntaria de la plata perdida, que fracasó. A consecuencia de esto, varias de las propiedades a liquidar se han vendido por más de lo establecido, un claro ejemplo es la venta de Archie´s, a pesar de los procesos establecidos la liquidación es un proceso que se ha afectado, pues los bienes tienen costos que aún no se ha pagado, este carácter genera inconformidad en los accionistas, al perder la confiabilidad y fondos de este tipo generan que disminuyan o no vuelvan a invertir y esto a su vez tendrá repercusiones no solo para los accionistas, sino para los trabajadores lo que afectaría a Bogotá a corto y largo plazo.

El panorama se ve obstruido por las afinidades económicas de ciertos partidos políticos, que los liga y desliga a la cuestión en una discusión de progreso que configura los debates acerca del rumbo de la ciudad, por un lado, es claro el acercamiento a la problemática social por parte del gobierno al decir que ''diseñará e Implementará con la participación de las madres sustitutas y tutoras, que hacen parte de los programas de protección del ICBF, el mecanismo para materializar su vinculación laboral y formalizar sus derechos laborales y seguridad social, en el plazo de un año a partir de la vigencia de esta la ley''², además, la crítica a la administración entorno a la posición que en Bogotá ''deben darse la pela para que la capital tenga el Metro que necesita"³, básicamente, esta posición rodea muchas más necesidades que solo la del metro. La tensión es creciente debido a la diversa influencia de factores aparentemente apartados a la situación cotidiana de la capital, como lo son ''las distorsiones que trae el narcotráfico para la economía; los desequilibrios, la especulación, la explosión inmobiliaria, la corrupción, el contrabando, la inseguridad, eso genera un pésimo clima económico hacia el futuro''⁴, mientras tanto, los asalariados con su dinero en el banco esperan que con ''la aprobación de la iniciativa se les den garantías a todos los usuarios de que tendrán una rentabilidad mínima en sus cuentas de ahorros''⁵ a ver si por lo menos así les alcanza para algo el mínimo.